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Ley general de discapacidad (LGD)
En Fénix Inclusión ayudamos a las empresas al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, obligatorio para empresas de más de 50 personas trabajadoras. Brindamos a las compañías apoyo, asesoramiento personalizado, acompañamiento y guía en este camino.
- Evita posibles sanciones económicas
Multas que podrían llegar a superar el millón de euros.
- Entorno organizacional más justo
Construimos contigo una empresa inclusiva y socialmente responsable.
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Información Básica de Protección de Datos
- Responsable: Manuel Cejas Gálvez.
- Finalidad: Responder tus consultas.
- Legitimación: Tu consentimiento.
- Destinatarios: Servidor alojado en Lucus Host.
- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
- Información Adicional: Puedes consultar la información detallada en el Aviso Legal.
Cumplimiento normativo sobre discapacidad general en Sevilla y Córdoba
En Fénix Inclusión estudiamos y analizamos el caso de cada empresa y sus posibles alternativas para determinar la forma de cumplir con la norma más conveniente para cada empresa y tramitamos y gestionamos estas opciones conforme a ley. Todas las soluciones que aportamos son ajustadas a las necesidades y circunstancias concretas de cada empresa, en un servicio personalizado.
Diagnóstico del grado de cumplimiento legal
Ofrecemos una evaluación diagnóstica gratuita de cumplimiento de la antigua lismi, actual Ley General para Personas con Discapacidad LGD, que contiene información de valor sobre la situación real de la empresa.
Análisis de la plantilla y necesidades de cobertura
Procedemos al análisis exhaustivo de la plantilla y de las necesidades de cobertura de puestos para identificar las oportunidades para resolverlos cumpliendo con la legislación vigente en materia de inclusión y discapacidad.
Selección de personas según el perfil requerido
Establecemos las bases y ayudamos a la selección de personas con discapacidad adecuadas para los puestos vacantes garantizando que cumplan el perfil y tengan las competencias requeridas por la empresa.
Acompañamiento y asesoramiento en la adaptación del puesto
Si procede, acompañamos y asesoramos a la empresa y a la persona trabajadora en el proceso de adaptación del puesto laboral, apoyando los avances y guiando el camino para facilitar la implementación de los cambios a adoptar.
Proporcionamos asesoramiento personalizado, realista y de valor sobre las posibles medidas alternativas de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones legales según la Ley General de la Persona con Discapacidad.
Asesoramos a entidades que ya funcionan o quieren empezar a hacerlo a lo largo de todo el proceso, en la calificación inicial, en el seguimiento documental y en la operativa técnica de las UUAA.
¿Qué es la ley Lismi y cuál es su objetivo?
La antigua Ley Lismi, actual Ley General de derechos de Personas con Discapacidad es una ley vigente en España que deben cumplir de forma obligatoria todas las empresas que cuenten en sus plantillas laborales con más de 50 trabajadores.

Los objetivos principales de esta ley son la inclusión laboral de las personas con discapacidad, facilitar su acceso al empleo y lograr empresas más justas, inclusivas y responsables socialmente. Sin esta ley el acceso a la empresas sería mucho más complicado para las personas con discapacidad, lo que supondría un menoscabo de su autonomía y dignidad al tiempo que empobrecería a la sociedad, pues sería más restrictiva, discriminatoria e injusta.
Una de las cuestiones más conocidas sobre la Lismi es la obligación de reservar al menos el 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, según recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013. Pero la ley general de discapacidad es mucho más extensa y compleja. Incluye medidas de acción positiva, definición de ajustes razonables y accesibilidad cognitiva.
Reservas de puestos de trabajo a personas con discapacidad
Es una forma justa de facilitar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad y de favorecer su integración social, disponiendo de un puesto de trabajo para el que son competentes. La inserción laboral de personas con discapacidad es clave para contribuir a su realización personal y que la sociedad sea más rica, integradora y equitativa.
Inclusión laboral e igualdad de oportunidades
El espíritu de la ley trata de que las personas con discapacidad puedan desarrollar su autonomía y disfruten de una mejor realización personal desde el ámbito laboral, sin que su condición suponga un freno o un obstáculo para desarrollar labores profesionales para las que están capacitados.
Tramitación de certificados de discapacidad
Si crees que tienes derecho a un certificado de discapacidad, te ofrecemos nuestros servicios profesionales que incluyen el asesoramiento debido para presentar la solicitud de discapacidad y la presentación por nuestra parte de la documentación a la que la ley obliga para conseguirlo.
¿Qué beneficios aporta a las empresas la LGD?

Bonificaciones de las cuotas seguridad social
La Ley de Discapacidad permite a las empresas cumplir con sus obligaciones legales y recibir incentivos económicos, ya que pueden acceder a bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social al contratar a personas con discapacidad. También pueden recibir subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo , si es preciso este paso.
Mercado laboral más amplios
La LGD permite a las empresas acceder a un mercado laboral más amplio, disponiendo de más posibilidades de captar talento para la compañía y lograr plantillas laborales más diversas. Esa diversidad tiene un impacto positivo en áreas como una mayor amplitud de miras, una mayor creatividad y contar con personas trabajadoras con experiencias más variadas que aportan una visión más amplia, lo que contribuye a lograr soluciones más creativas, ingeniosas y es una de las claves de la innovación en la empresa.
Mejora tu imagen corporativa y reputación
Además, cumplir con la antigua ley lismi, la actual LGD, mejora de la imagen corporativa, dando fe del compromiso real de la empresa con la inclusión y la diversidad. Demuestra los valores de la compañía de forma clara y honesta, reforzando su imagen y mejorando su reputación.
La sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de ser una sociedad igualitaria e inclusiva, de modo que esta reputación empresarial supone en la práctica un atractivo que ayuda a mejorar las oportunidades de la empresa ante clientes y potenciales clientes, inversores, colaboradores y ante personas que quieran desarrollar su talento y fuerza de trabajo como empleados en la compañía.
Oportunidaddes de acceso a conscursos y licitaciones
A esto hay que añadir la ventaja competitiva que supone ser una empresa que cumple con la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al demostrar su alineación con valores sociales y garantizar la igualdad en el acceso al trabajo. Entre estas oportunidades cabe destacar los concursos y licitaciones públicas, en los que para lograr la oportunidad a la que se postula la empresa, la responsabilidad social corporativa es un factor relevante, ya que, de hecho, estos concursos y licitaciones eliminan de la carrera por lograrlo a las empresas que incumplen la ley de discapacidad.
Mejora de clima laboral y productividad
Otra repercusión positiva de las que se benefician las empresas que cumplen con la llamada ley Lismi es la mejora del clima laboral en su entorno organizativo. La accesibilidad real al empleo y la ocupación de puestos de trabajo por personas de condiciones diversas hace que el ambiente sea más inclusivo e igualitario, más satisfactorio para las personas que forman parte de él.
En la práctica, un ambiente laboral más saludable supone mayor lealtad hacia la empresa por parte de las personas trabajadoras, un ambiente de trabajo más agradable y respetuoso y un espacio organizacional más productivo.
Evita sanciones económicas
Esta ley que se conoce como LGD es de obligado cumplimiento para toda empresa con más de 50 personas trabajadoras. Su correcto cumplimiento es esencial para evitar las fuertes multas y sanciones que penalizan el no hacerlo.
A nivel económico, incumplir la ley de discapacitados puede suponer multas de hasta 1.000.000 de euros. Además, su incumplimiento también supone la exclusión de licitaciones públicas así como la pérdida de subvenciones.




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